Joaquín Sugrañes

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Sobre nosotros

Joaquín Sugrañes ejerce como abogado desde 2012, dedicándose de forma exclusiva al Derecho penal durante toda su trayectoria profesional. Es socio del despacho BELMONTE & SUGRAÑES Abogados Penalistas, firma especializada en Derecho penal y de referencia en Barcelona que presta servicios en todo el territorio nacional.

Durante sus años de ejercicio ha intervenido en todo tipo de procedimientos penales, realizando tanto labores de defensa como de acusación. Su experiencia abarca todo el proceso penal, lo que le ha permitido asumir la representación de particulares y empresas en asuntos penales de gran complejidad y repercusión mediática en el país. Ha sido incluido por el prestigioso directorio Best Lawyers entre los mejores penalistas de España en 2026.

El despacho ofrece defensa especializada en distintas áreas del derecho penal:

- Delitos contra la libertad sexual, protegiendo la libertad y la indemnidad sexual de las personas
- Casos de violencia doméstica y violencia de género, que incluyen actos de violencia o coerción basados en el rol dentro de una relación doméstica o el género
- Delitos de tráfico de drogas, que abarcan cultivo, elaboración, tráfico, promoción y favorecimiento del consumo ilegal de sustancias
- Delitos contra las personas, que atentan contra la integridad física, psicológica, la libertad y otros derechos fundamentales

El trabajo del despacho se centra en la defensa rigurosa de los derechos de los clientes y la búsqueda de la excelencia. La selección como uno de los mejores bufetes de abogados penalistas en Barcelona responde a la experiencia en derecho penal acumulada, resultados contrastados en casos complejos y la confianza demostrada por los clientes.

En el ámbito de la ejecución penal, el objetivo del despacho es evitar el ingreso en prisión de quien ya ha sido condenado. También atiende delitos contra el orden público, que buscan perturbar la paz social y el normal funcionamiento de las instituciones públicas, delitos contra la seguridad vial que ponen en riesgo la seguridad en las vías públicas, y delitos contra el patrimonio que afectan la propiedad o los bienes de personas o entidades.

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